La Comisión Europea ha presentado un Borrador de Reglamento delegado que mantiene la clasificación de la soja bajo el régimen de “alto riesgo” en materia de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC), estableciendo una reducción progresiva hasta 2030 para el cómputo de biocombustibles derivados...
20 Abr Arbitraria modificación de la UE restringirá lacompra de biocombustibles del Mercosur
La Comisión Europea ha presentado un Borrador de Reglamento delegado que mantiene la clasificación de la soja bajo el régimen de “alto riesgo” en materia de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC), estableciendo una reducción progresiva hasta 2030 para el cómputo de biocombustibles derivados de esta materia prima dentro de los objetivos renovables de la Unión Europea.
Esto impactará decididamente en la producción y exportación global de soja y biocombustibles, y se apoya en una metodología que no refleja adecuadamente las realidades productivas nacionales.
A continuación reproducimos el comunicado conjunto del Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano, firmado por la Fundación Barbechando, de Argentina y la Unión de Gremios de la Producción, de Paraguay.
ESPACIO PARLAMENTARIO AGROINDUSTRIAL SUDAMERICANO
COMUNICADO CONJUNTO
RESPECTO AL BORRADOR DE REGLAMENTO DELEGADO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO (UE) 2019/807
CONSIDERANDO
Que la Comisión Europea ha presentado un Borrador de Reglamento delegado que modifica el Reglamento (UE) 2019/807, adoptado en el marco de la Directiva (UE) 2018/2001, modificada por la Directiva (UE) 2023/2413;
Que dicha revisión mantiene la clasificación de la soja bajo el régimen de “alto riesgo” en materia de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC), estableciendo una trayectoria de reducción progresiva hasta 2030 para el cómputo de biocombustibles derivados de esta materia prima dentro de los objetivos renovables de la Unión Europea;
Que Argentina y Paraguay constituyen actores centrales en la producción y exportación global de soja y biocombustibles, con sistemas productivos consolidados y marcos regulatorios propios;
Que la metodología aplicada para la determinación del riesgo ILUC presenta elementos que no reflejan adecuadamente las realidades productivas nacionales ni las dinámicas de intensificación agrícola verificadas en nuestros países;
LAS ENTIDADES FIRMANTES EXPRESAN LO SIGUIENTE:
IMPACTO ECONÓMICO Y COMERCIAL INMEDIATO
Si bien la trayectoria prevista para la reducción del cómputo es gradual, el efecto económico es inmediato. El mercado europeo de biodiesel se estructura sobre metas obligatorias de incorporación de energías renovables. Cuando un biocombustible deja de ser elegible para el cumplimiento de dichos objetivos, pierde competitividad estructural dentro de ese mercado.
La Unión Europea ha sido históricamente un mercado relevante para el biodiesel producido en Argentina y Paraguay. La imposibilidad de computar estos biocombustibles dentro de los objetivos renovables europeos genera un impacto estructural sobre el complejo sojero regional, altera flujos comerciales consolidados y afecta la previsibilidad necesaria para la planificación productiva e industrial.
La transición energética requiere señales regulatorias estables que promuevan inversiones de largo plazo. Modificaciones que alteran sustancialmente la elegibilidad de productos ya integrados en cadenas comerciales consolidadas generan incertidumbre y afectan decisiones estratégicas de inversión.
Además de las limitaciones metodológicas que presenta la normativa ILUC y potenciales impactos económicos, también resulta clave considerar sus efectos sociales, particularmente en las implicancias en los ingresos de pequeños productores integrados en la cadena de valor de biocombustibles y la dinámica de desarrollo rural.
ESPACIO PARLAMENTARIO AGROINDUSTRIAL SUDAMERICANO
OBSERVACIONES METODOLÓGICAS SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL RIESGO ILUC
La principal preocupación radica en la metodología utilizada para determinar el nivel de riesgo ILUC asignado a la soja.
El cálculo del factor de expansión se construye sobre agregados globales. La activación del análisis se fundamenta en la expansión neta mundial del cultivo; sin embargo, el indicador de riesgo se determina a partir de la expansión bruta concentrada en determinadas regiones, sin distinguir adecuadamente entre países con crecimiento, estabilidad o reducción de superficie. Este enfoque genera una atribución colectiva del riesgo que no refleja las realidades productivas nacionales.
Argentina y Paraguay presentan trayectorias diferenciadas en materia de expansión agrícola, mejoras de rendimiento, regulación ambiental y ordenamiento territorial. Nuestros países han experimentado incrementos significativos en la productividad sin una expansión proporcional de la superficie sembrada, lo que evidencia mejoras sustanciales en la eficiencia productiva, aspecto que no ha sido adecuadamente considerado en el modelo.
Asimismo, la metodología no distingue de manera suficiente entre expansión territorial efectiva y procesos de intensificación productiva. En los tres países, el cultivo de soja se desarrolla mayoritariamente bajo sistemas de siembra directa, con rotaciones y esquemas de doble cultivo que incrementan la eficiencia en el uso del suelo sin requerir expansión sobre nuevas áreas.
A ello se suma la asignación del factor de productividad. La soja presenta rendimientos elevados y una utilización integral del grano, cuyos subproductos abastecen tanto mercados alimentarios como energéticos. Una subestimación de este factor, combinada con la agregación global de la expansión, amplifica el resultado del indicador y consolida una clasificación que puede no corresponder con el desempeño efectivo de los sistemas productivos nacionales.
COHERENCIA REGULATORIA Y SEGURIDAD JURÍDICA
La revisión del régimen ILUC también evidencia tensiones dentro del propio marco normativo europeo. Mientras el sistema ILUC mantiene como referencia histórica el año 2008, el Reglamento (UE) 2023/1115 establece como fecha de corte el año 2020 para determinar la condición de producto libre de deforestación.
Esta coexistencia de parámetros temporales distintos genera escenarios en los que un producto puede cumplir plenamente con los requisitos de no deforestación bajo el EUDR y, sin embargo, continuar sujeto a un régimen restrictivo en materia de energías renovables. La divergencia entre instrumentos regulatorios introduce incertidumbre jurídica, complejiza la implementación para operadores económicos y debilita la coherencia del marco normativo aplicable.
ESPACIO PARLAMENTARIO AGROINDUSTRIAL SUDAMERICANO LIMITACIONES DE LA CERTIFICACIÓN DE BAJO RIESGO
La normativa europea contempla la posibilidad de certificar materias primas como de bajo riesgo cuando se demuestre adicionalidad productiva o expansión sobre tierras degradadas. Sin embargo, en sistemas agrícolas consolidados como los de Argentina y Paraguay -donde la intensificación y la mejora de rendimientos constituyen rasgos estructurales del modelo productivo- la demostración de adicionalidad bajo los parámetros exigidos resulta particularmente compleja.
En consecuencia, la certificación aparece como una vía formalmente prevista pero materialmente limitada para volúmenes relevantes de producción, lo que restringe su efectividad como mecanismo compensatorio.
NECESIDAD DE DIÁLOGO BIRREGIONAL
La sostenibilidad ambiental y la transición energética son objetivos compartidos. No obstante, su implementación debe sustentarse en metodologías transparentes, actualizadas y capaces de reflejar la diversidad de sistemas productivos.
Argentina y Paraguay cuentan con marcos regulatorios ambientales propios, sistemas de monitoreo satelital, legislación forestal y políticas públicas orientadas a la sostenibilidad que evolucionan permanentemente. En este contexto, resulta imprescindible abrir un espacio de diálogo técnico birregional que permita revisar los supuestos metodológicos utilizados, incorporar información nacional actualizada y contemplar desempeños diferenciados.
La transición energética global demanda previsibilidad, coherencia regulatoria y diálogo técnico permanente entre socios estratégicos. El comercio agroindustrial -entre ellos el comercio de biocombustibles- constituye una herramienta concreta para contribuir a la seguridad alimentaria, la diversificación energética y la reducción de emisiones.
Esa contribución sólo podrá sostenerse en el tiempo si las reglas internacionales se construyen sobre evidencia científica, reconocimiento de esfuerzos nacionales y un compromiso compartido con un comercio basado en normas claras, estables y no discriminatorias.