Ante la presentación de un Proyecto de Ley que declara reserva natural y ecológica al departamento de Ñeembucú y libre del cultivo extensivo, el Ing. Alfredo Molinas, ex ministro del Ambiente y de Agricultura y Ganadería, compartió un artículo que brinda observaciones técnicas acerca de...
18 Nov Especialista señala que el proyecto de Ley no se ajusta a la realidad nacional
Ante la presentación de un Proyecto de Ley que declara reserva natural y ecológica al departamento de Ñeembucú y libre del cultivo extensivo, el Ing. Alfredo Molinas, ex ministro del Ambiente y de Agricultura y Ganadería, compartió un artículo que brinda observaciones técnicas acerca de la viabilidad y sensatez del proyecto.
La iniciativa del Diputado Nacional Diosnel Aguilera Rojas, presentado el 8 de octubre pasado, posee aspectos técnicos y legales que inclinan la balanza hacia su rechazo, ya que cualquier iniciativa legislativa debe alinearse con las normativas ambientales y forestales existentes, por lo que no se puede pretender engrosar las normativas únicamente por intereses políticos, económicos u otros, según señaló el especialista.
“Al declarar todo el departamento de Ñeembucú como una reserva natural, sin permitir el cultivo extensivo, como por ejemplo el arroz, contradice varias normativas legales del país; entre ellas la Ley Nº352/94 de Áreas Silvestres Protegidas”, detalla el Ing. Molinas.
En relación a esta Ley recuerda que establece procedimientos claros y específicos para la declaración de áreas protegidas, incluyendo:
Señaló que prohibir el uso de tierras en propiedad privada sin cumplir estos requisitos, podría considerarse una violación a derechos fundamentales constitucionales, como el derecho a la propiedad privada y el uso de recursos naturales conforme a las leyes ambientales.
“Tenemos que dejar de proponer la declaración de áreas de protección o conservación para implementar prohibiciones en ciertas zonas, ya que la ley en Paraguay garantiza las actividades siempre que estén dentro del marco legal”, indicó.
Recalcó que el marco legal con enfoque ambiental, si bien es precautorio no debe ser confundido con una herramienta de prohibiciones. Cuando se trata de la seguridad alimentaria, debe primar el espíritu del desarrollo sostenible. “Caso contrario, estamos en un estado que persigue a los productores y a los que desean invertir en el país”, resaltó.
Agregó que tampoco se pueden imponer estas restricciones sin ofrecer alternativas económicas claras o compensaciones suficientes, ya que podría impactar negativamente en el desarrollo socioeconómico del departamento, lo cual también debe ser considerado según la perspectiva de desarrollo sostenible planteada por la ley de ASP (Art. 8).
“El país debe desarrollarse y varias iniciativas legislativas que están en marcha en el congreso nacional, violan la constitución nacional y el derecho de las personas a vivir y trabajar dentro de un esquema sostenible de producción”, indicó y menciona que algunas de estas iniciativas podrían dejar en la pobreza a departamentos enteros, intensificando la migración rural.
“La producción no expulsa personas, lo que expulsan las personas de sus territorios son políticas que apuntan a mantener esquema de pobreza sin desarrollo rural. Debemos pasar de una agricultura de subsistencia a una agricultura con rentabilidad y los políticos deberían liderar estas acciones, y no estar proponiendo normativas que podrían aumentar la vulnerabilidad de las personas que viven en el campo”, finalizó.
