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Experto afirma que el acuerdo Escazú va en contra de la Constitución y la economía ambiental

“Es cierto que existen problemas de calidad del medioambiente, pero hoy tenemos los elementos y las instituciones para protegerlo, lo que falta ciertamente es una férrea voluntad política para realizar acciones y así también dejar de coexistir con el concepto de los privilegios. El acuerdo Escazú viola las leyes...

Experto afirma que el acuerdo Escazú va en contra de la Constitución y la economía ambiental

“Es cierto que existen problemas de calidad del medioambiente, pero hoy tenemos los elementos y las instituciones para protegerlo, lo que falta ciertamente es una férrea voluntad política para realizar acciones y así también dejar de coexistir con el concepto de los privilegios. El acuerdo Escazú viola las leyes de nuestro país bajo una intención benévola que al final perjudica a la producción y a la economía ambiental”, expresó el Dr. Víctor Pavón, abogado y economista durante una entrevista en Canal PRO.

Argumentó que en el documento se expresan algunos puntos que van en contra de la Constitución Nacional, como el derecho de acceso. “Este derecho permite que toda persona u ONG ambiental pueda involucrarse y, al solo efecto de alterabilidad del medioambiente, parar cualquier tipo de actividad. Esto, unido al concepto de principio precautorio (que dice que, sin necesidad de veracidad científica, se pueda suspender por decisión política alguna actividad determinada), podrían acabar con la producción”, sostuvo.

Señaló que otro de los puntos anticonstitucionales de este acuerdo tiene que ver con la autoridad competente. “Ocurre que este documento daría atribución a las organizaciones, personas particulares o empresas que tengan interés en el medioambiente para que puedan involucrarse directamente y hacer denuncias ante la posible afectación ecológica, pero con un agravante; el productor o la empresa denunciada deberá probar que no está causando daños ambientales”, expresó; y agregó que “el principio natural del derecho civil establece que quien acusa es el que debe probar, y no el acusado. Esta modificación subvierte a nuestra propia Constitución, además de avasallar contra la propiedad privada”.

Consecuencias directas del acuerdo

El Dr. Pavón manifestó que este acuerdo podría provocar una ralentización de la economía, ya que los productores e inversores no tendrán la certeza jurídica ni el cálculo económico para realizar alguna actividad. “Tenemos que promover el debate, hacer charlas y conferencias sobre sostenibilidad y economía, y dialogar con el sector del campo para que cada vez más personas se interesen en el tema. Necesitamos instituciones con personas más informadas”, puntualizó.



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